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Acepta jugadores de España
Acepta jugadores de España
Acepta jugadores de EspañaLos españoles son conocidos como gente apasionada, y esto se traslada también al terreno del juego online.
El juego online y terrestre en España está bajo el control de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) que ha definido el juego como «una actividad en la que se ponen en juego cantidades de dinero u objetos económicamente medibles en función de acontecimientos inciertos o futuros, que dependen, al menos en cierta medida, del azar».
La regulación del juego en España es mucho más compleja que la de la mayoría, simplemente debido a sus divisiones estatales y comunidades autónomas. Sin embargo, su dedicación a la seguridad de los jugadores y una DGOJ muy activa significa que los locales pueden disfrutar de un juego bastante libre de riesgos.
A pesar del increíble aumento de requisitos legales y técnicos y las trabas publicitarias impuestas por la DGOJ a los casinos que quieren operar con licencia española, parece que sigue habiendo suficientes beneficios en línea para atraer a nuevos operadores y mantener a los jugadores entretenidos.
Históricamente, el juego online en España se gestionaba de forma muy parecida a como se hacía en Australia. El juego online desde dentro de las fronteras de España por parte de los jugadores españoles era ilegal. Sin embargo, no existía ninguna ley que regulara el juego online de los jugadores españoles en los casinos online internacionales.
En 2011 se introdujo una Ley de Juego española formalizada (Ley 13/2011, de 27 de mayo, de Regulación del Juego).
Aunque existe una Ley, esto no significa que sea un sistema perfecto. Dado que España está compuesta por 17 estados autónomos y 2 ciudades autónomas, todos ellos supervisados por un organismo diferente, las leyes pueden seguir siendo complicadas, como vemos en la redacción de la Ley del Juego cuando se trata de las licencias necesarias para el juego a nivel local y estatal:
Este equilibrio de las comunidades autónomas con un órgano estatal de supervisión ha tenido un impacto interesante en los acuerdos de licencia.
A pesar de algunos desafíos regionales, la intención de la Ley del Juego es garantizar que los jugadores españoles estén protegidos de los abusos, combatir la actividad fraudulenta, proteger a los menores de edad del juego así como a los jugadores con una conducta adictiva.
Como ya se ha dicho, la legislación española no depende de una única autoridad reguladora, sino que cada una de las 17 comunidades autónomas da su propio giro a las leyes antes de aprobarlas. En el mejor de los casos, las regulaciones del juego online pueden ser complicadas, ya que la mayoría de los legisladores no entienden realmente el sector.
Lo que esto ha provocado en España es la creación de diversas variaciones en las listas de juegos de casino permitidos en determinadas zonas. Estas listas son un factor decisivo a la hora de ver qué juegos puede crear y ofrecer un proveedor en esa región.
Un casino en línea podría obtener tanto una licencia autonómica como una estatal para prestar legalmente sus servicios en virtud de la Ley del Juego. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los operadores se decantan por una licencia estatal, ya que ésta parece prevalecer sobre la licencia autonómica, aunque se trate de regiones autónomas.
Para poder siquiera solicitar una licencia, un operador debe cumplir con estrictos requisitos que incluyen la presentación de un certificado de constitución en España. Si se considera necesario, se pueden solicitar los datos de residencia permanente en España y las cuentas financieras anuales de al menos 3 años anteriores para demostrar la solvencia.
También es necesario aportar garantías financieras que van desde 500.000 euros hasta varios millones de euros, según el tipo de licencia de que se trate.
Los posibles operadores también deberán mostrar su plan de lucha contra el blanqueo de capitales, su documentación de prevención del fraude, la planificación de las operaciones y los acuerdos firmados con los proveedores de terceros que sean necesarios.
Las leyes de tasas e impuestos sobre el juego online formuladas por la DGOJ son más específicas que en otras regiones, ya que la Ley del Juego entra en detalles específicos para varios tipos de vías de juego. He aquí una lista reducida:
Además de los impuestos mencionados, el operador también deberá pagar tasas que van desde 10.000 euros hasta 38.000 euros por la aprobación y certificación de todas las licencias solicitadas. También hay una tasa anual por las actividades de regulación del juego, que se calcula como el 0,075% de la facturación anual total del año anterior (no los ingresos brutos del juego).
Como se puede ver, España no es tímida con sus tasas, especialmente las que se calculan como un porcentaje de la facturación y no de los ingresos brutos del juego. Esto demuestra un desconocimiento fundamental del funcionamiento de los casinos online, ya que el volumen de negocio es simplemente el número de veces que un jugador apuesta su dinero; sólo es un valor tangible una vez que se deduce el dinero pagado a los jugadores como en el caso de los cálculos de los ingresos brutos del juego.
A pesar de la agresiva estructura de las tasas, España es conocida por ser un mercado de juego financieramente lucrativo y que, con la reciente legislación, ha visto un aumento de la actividad, con unos ingresos de juego en 2018 que han ascendido a más de 180 millones de euros.
Además de los beneficios de poder anunciarse en línea y por encima de la línea a una audiencia cautiva, también está la postura que España ha tomado hacia el juego ilegal. Ofrecer juegos de azar no autorizados a los jugadores en España conlleva una enorme sanción, con multas que oscilan entre el millón de euros y los 50 millones de euros y la prohibición de solicitar una licencia durante cuatro años. Si la parte que contraviene el acuerdo de licencia ya tiene una licencia, se le cerrará y se le prohibirá prestar sus servicios durante un periodo de cuatro años.
La DGOJ se toma muy en serio la protección de los jugadores, ya que todos los litigios se tramitan con arreglo a la legislación española, lo que permite a los ciudadanos apostar con total tranquilidad.
El Consejo Asesor de Juego Responsable (CAJR) fue formalizado y reestructurado en 2018 por el Ministerio de Hacienda español en un intento de asegurar el bienestar de los jugadores españoles.
